La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzk, junto al Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Panamá Oeste y la División Ciberdelitos de la Policía Nacional panameña, detuvieron, en la ciudad de Panamá, a un ciudadano de ese pais por la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas afines. Las víctimas son menores de edad de localidades del sur de la provincia de Córdoba y de las provincias de San Luis y La Rioja en Argentina. Asimismo, en el operativo, se secuestró de una gran cantidad de material que se encuentra bajo análisis.

La causa se inició a partir de un reporte NCMEC por supuestos delitos cometidos contra menores de edad de una localidad del sur provincial. Siguiendo ese hilo investigativo, la fiscalía de La Carlota pudo establecer que varios menores de edad, pertenecientes a diversas localidades de esa región, estaban siendo contactados por una persona supuestamente mayor de edad. Se pudo determinar que la metodología era realizar un primer contacto a través de una red social, generalmente Instagram, para entablar un vínculo y ganarse la confianza. Luego continuaba el contacto por WhatsApp y comenzaba a solicitar imágenes –de contenido sexual- bajo promesa remuneratoria. Una vez logradas las primeras imágenes, insistía en el envío de más imágenes o videos y si los menores se negaban a continuar los obligaba amenazándolos con viralizar sus imágenes o hacerles daño a sus familiares más cercanos.

En este marco se llevaron adelante diversas diligencias como la recepción de testimonios mediante Cámara Gesell;  la solicitud y análisis de registros telefónicos y de registros bancarios, logrando establecer que la misma persona habría contactado a menores en la provincia de San Luis y La Rioja. Se determinó entonces que se trataba de un ciudadano panameño que estaba perpetrando los hechos desde Panamá.

Esto puso en marcha la «Operación Internacional Córdoba» de la que participaron, además, la Sección Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) perteneciente a la Dirección General de Policía Judicial de Córdoba, la Oficina Especializada en Ciberdelincuencia y Evidencia Digital de la Justicia panameña; el cuerpo de investigadores de Panamá y la Fiscalía de Delitos Sexuales de ese país.